15/10/2026
Línea Privada II ☎
El agua sigue su cauce… político.
El agua puede convertirse en una crisis política cuando la gente deja de creerle al gobierno y percibe que está más ocupado en controlar lo que se dice del problema que en resolverlo.
Prometer agua para los próximos 50 años, incluso para quienes todavía no han nacido, suena bien. El problema es que la gente no abre la llave dentro de 50 años. La abre hoy. Y quiere saber por qué el agua sale amarilla, por qué falta y si puede consumirla sin poner en riesgo su salud.
La presa El Tunal II puede ser estratégica para el abastecimiento futuro. El Acuífero Norte puede mejorar la distribución en la zona que atenderá. Pero ninguna obra, por importante que sea, sustituye la obligación de explicar qué ocurre con el agua que llega a las casas, garantizar su calidad y resolver el problema de quienes no tienen suministro. Los anuncios no son agua y las fotografías de una obra tampoco llenan los tinacos.
No hay elementos suficientes para ponerle fecha a un estallido social. Pero tampoco hace falta esperar a que una multitud tome las calles para reconocer que existe un problema. La inconformidad crece cuando las fallas se repiten, las explicaciones no convencen y las soluciones no llegan. El gobierno puede contener la conversación en los medios; lo que no puede es controlar indefinidamente la experiencia de miles de familias.
En Durango ya hay un antecedente que no debería minimizarse. El pasado lunes 12 de octubre, durante una manifestación en las instalaciones de Aguas del Municipio de Durango, una mujer de 75 años, identificada como María Elia Hidalgo Cabral, habría sido derribada cuando intentaba obtener una respuesta de las autoridades, según el relato de sus familiares. La protesta, por sí misma, ya mostraba que el descontento había salido de las conversaciones privadas para llegar a las oficinas responsables del servicio.
El gobierno de Durango cometería un error si interpreta la ausencia de una megamarcha como señal de que la gente está satisfecha. No todos pueden salir a protestar. Otros se resignan, se organizan como pueden o han dejado de creer que sus reclamos servirán de algo. El silencio no siempre es aprobación.
Jalisco debería servir de advertencia. Las quejas por el agua se acumularon durante meses y la crisis terminó en las calles. La respuesta de las autoridades convirtió el problema del servicio en un conflicto político todavía mayor.
Durango no está necesariamente en el mismo punto, pero tampoco puede darse por protegido. Si las quejas continúan, las explicaciones no convencen y las autoridades no demuestran resultados, el malestar puede dejar de ser una suma de reclamos aislados y convertirse en una exigencia colectiva.
La señal que debe preocupar al gobierno no es cuántas fotografías de agua amarilla circulan ni cuántos comentarios indignados se publican. Es que los afectados empiecen a reconocerse entre sí, a organizar sus demandas y a exigir respuestas juntos. Aquí es donde el problema del agua deja de ser solamente un asunto de tuberías y pone a prueba la legitimidad de quien gobierna.
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