16/09/2026
Octavio de la Torre de Stéffano, en su artículo del 15 de septiembre de 2026, destaca que el verdadero impuesto a los negocios familiares no reside en el SAT, sino en las múltiples barreras que enfrentan diariamente. Los negocios familiares, que constituyen el 6.1 millones de unidades económicas en México, son fundamentales para la generación de empleo y el movimiento económico local. Tradicionalmente, las políticas públicas han abordado sus problemas de manera fragmentada (impuestos, trámites, financiamiento, seguridad social), lo cual no refleja la realidad integral que vive un negocio desde su inicio.
Se subraya la necesidad de una política integral que atienda simultáneamente permisos, impuestos, inspecciones, falta de crédito y riesgos de extorsión. Una Agenda Nacional, trabajada con el Gobierno de México y presentada con la Dra. Claudia Sheinbaum, busca transformar estas necesidades en políticas nacionales, como lo demuestran los anuncios sobre RESICO, seguridad social, financiamiento, REPSE, simplificación administrativa, digitalización y seguridad. Estas medidas se conciben como herramientas para que la legalidad sea viable y el crecimiento no genere más obstáculos.
El artículo enfatiza la seguridad para proteger el patrimonio, la simplificación de trámites y la reducción de la discrecionalidad, proponiendo la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles. Se menciona la propuesta de modificaciones al RESICO en el Paquete Económico 2027 para aumentar los límites de ingresos y permitir el reingreso, con el fin de que la formalidad acompañe el crecimiento y no lo penalice.
También se aborda la necesidad de una seguridad social que reconozca la realidad de los negocios, con mecanismos graduales y sencillos, y el acceso a financiamiento a través de programas con Nafin y Finabien. La simplificación del REPSE y la revisión de los costos de la economía digital son cruciales para evitar que las comisiones absorban las utilidades. Finalmente, se concluye que la justicia económica busca eliminar las barreras que condenan a los negocios a la informalidad, al crédito caro o a la desprotección, y que la implementación de estas políticas requiere el compromiso de todos los niveles de gobierno y de las organizaciones empresariales como CONCANACO SERVYTUR.
