24/06/2026
La presidenta de la República, Laura Fernández, ordenó la destitución inmediata de siete jefes policiales tras haber reprobado las pruebas de polígrafo realizadas a 33 directores generales y regionales de diversos cuerpos policiales, incluyendo la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Guardacostas, Vigilancia Aérea, Migración, Control de Dr**as, la Academia Nacional de Policías y la Policía Penitenciaria. El proceso de evaluación, ejecutado en conjunto con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y agentes de la DEA, buscaba identificar vínculos con el crimen organizado, recepción de pagos ilícitos, enriquecimiento y filtración de información a estructuras de narcotráfico y lavado de dinero.
Los funcionarios separados de sus cargos por orden de la mandataria son el comisionado Francisco Cordero, director regional de la Fuerza Pública de Puntarenas; el comisionado Allan Obando, director regional de la Fuerza Pública en Alajuela; el comisionado Junier Villalta, director regional de la Fuerza Pública en la zona norte y Crucitas; la comisionada Erika Madriz, directora regional de la Fuerza Pública de Heredia; el comisionado Adrián Noguera, director de la Fuerza Pública de Limón; el comisario Marlon Cubillo, actual director regional de la Fuerza Pública de San José; y el comandante Edward Monestel, subdirector general de la Fuerza Pública.
La presidenta Fernández instruyó al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, la remoción inmediata de estos mandos de sus puestos. Tras la medida, el Poder Ejecutivo ha ordenado a la Dirección de Inteligencia y Seguridad y a las instancias correspondientes el inicio de una investigación profunda sobre las actuaciones de estos funcionarios, con el fin de determinar las responsabilidades legales derivadas de los resultados obtenidos en las pruebas de confianza.
