NSAgrimensura

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07/06/2026
23/05/2026

COMUNICADO DE INTERÉS GENERAL

La Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim), en representación de su Junta Directiva Nacional 2024-2026, expresa su profunda preocupación ante la situación que involucra a nuestro asociado Agrim. Pedro Enmanuel Acosta Rodríguez, miembro ASD-115, colegiatura CODIA No. 38471, quien ha sido mencionado en un proceso judicial derivado de un conflicto de carácter inmobiliario y societario ajeno al ejercicio doloso de sus funciones profesionales.

Como gremio responsable de velar por la dignidad, protección y defensa de nuestros miembros, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes del Poder Judicial y del Ministerio Público para que el caso sea ponderado con objetividad, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales del Agrimensor Pedro Enmanuel Acosta Rodríguez, quien en el ejercicio privado de su profesión actuó de buena fe, dentro del marco de sus competencias técnicas y legales, siendo colocado injustamente como un “chivo expiatorio” dentro de un conflicto cuyos elementos principales no guardan relación directa con el ejercicio técnico de la agrimensura.

ASODAGRIM asume formalmente la defensa institucional de nuestro asociado, en cumplimiento del mandato establecido en el Artículo 4, literal b, de nuestros estatutos, el cual nos encomienda: “luchar en defensa de los intereses de nuestros asociados y representarlos ante el Estado, instituciones públicas y privadas”. En consecuencia, brindaremos acompañamiento moral, institucional y jurídico hasta que se esclarezcan los hechos y prevalezca la verdad.

Recordamos además que la Constitución de la República Dominicana establece en su Artículo 69 el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, disponiendo que toda persona tiene derecho a ser oída, a defenderse y a ser tratada con igualdad y respeto dentro de cualquier procedimiento judicial o administrativo. Asimismo, el Artículo 40 consagra el derecho a la libertad y seguridad personal, señalando que nadie puede ser privado de su libertad sin las garantías y formalidades establecidas por la ley.

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