05/03/2026
El entreguismo como programa: La alianza patrón-Estado para consumar un nuevo genocidio laboral en Venezuela
1. Introducción: El borrón y cuenta nueva que beneficia siempre al mismo lado
En la tradición jurídica venezolana, las prestaciones sociales fueron concebidas como un "salario diferido", una conquista histórica que reconocía la contribución del trabajador a la plusvalía de la empresa a lo largo de los años. Sin embargo, la evolución de los regímenes de cálculo, lejos de perfeccionar ese derecho, ha sido testigo de un proceso sistemático de desnaturalización que hoy alcanza su punto culminante. La experiencia de los profesionales venezolanos en la última década es concluyente: cada cambio ha operado como una licuación patrimonial, una confiscación indirecta que ha vaciado de contenido el ahorro de toda una vida.
Hoy, ante la nueva ofensiva patronal liderada por figuras de Fedecámaras como Jorge Roig y Tito López, no estamos ante una mera reforma técnica. Estamos ante un programa deliberado de extinción de la antigüedad laboral, presentado cínicamente como una medida para "aumentar salarios”. La propuesta de eliminar la retroactividad del último salario consagrada en el artículo 122 de la LOTTT no busca salvar empresas; busca liberar al empresario de la carga de compensar el despropósito del que fueron socios y accionistas durante años de despilfarro rentista. Es la versión criolla del "borrón y cuenta nueva": un mecanismo para que quienes fueron cómplices del descalabro trasladen la factura al trabajador y al ciudadano común, mientras se preparan para un nuevo ciclo de negocios con los activos más valiosos de la nación: PDVSA, las industrias básicas de Guayana y las telecomunicaciones.
2. La comedia de la "inviabilidad": Empresarios quebrados o socios del saqueo
El argumento empresarial es simple: la rigidez de la LOTTT impide aumentar salarios porque cada alza dispararía el pasivo laboral acumulado. La premisa es falsa. Durante años, sectores significativos del empresariado venezolano fueron beneficiarios directos de un modelo de dólar preferencial, adjudicaciones discrecionales y un control de cambio que les permitió acumular capital a costa del Estado. Aquellos que hoy claman por "alivio fiscal" fueron socios del despilfarro rentista que pulverizó el salario de los trabajadores.
La paradoja es trágica y grotesca: quienes contribuyeron al descalabro pretenden que la factura la paguen los trabajadores sacrificando su última reserva patrimonial. La propuesta de reforma no busca proteger a la empresa como unidad productiva; busca liberar al empresario de la carga de compensar el despropósito de la actualidad. Si se aprueba una reforma que elimine la retroactividad, el trabajador perderá el derecho a participar del éxito futuro de la empresa. El profesional que hoy gana 200 dólares, pero que dentro de dos años, con una eventual recuperación del país, llegue a ganar 800 dólares, verá sus 20 años de servicio liquidados al valor miserable de los primeros años, sin que el boom económico futuro repercuta en su indemnización.
3. La estrategia de la "desalarización": Cómo vaciar las prestaciones sin reformar la ley
El gobierno nacional, en perfecta sintonía con los intereses patronales, ha ejecutado una política deliberada de "desalarización" del ingreso. Manteniendo el salario mínimo congelado en 130 bolívares (menos de 1 dólar mensual), mientras complementa el ingreso con bonos sin carácter salarial, se ha logrado un efecto perverso: las prestaciones sociales, calculadas sobre ese salario miserable, se capitalizan a una tasa irrisoria que no guarda relación con el ingreso real del trabajador.
El economista José Manuel Puente lo ha advertido: la economía venezolana vuelve a dar señales de hiperinflación, escasez de divisas y caída de la producción. En ese contexto, pagar bonos no salariales es no pagar ni vacaciones, ni utilidades, ni prestaciones. El resultado es un ahorro de prestaciones sociales calculado sobre una base irrisoria que no se corresponde con el ingreso real que percibe el trabajador mes a mes. Al final de la relación laboral, el trabajador descubre que el monto reflejado en su liquidación es apenas una fracción de lo que realmente aportó a la empresa en términos de valor y productividad.
4. La pregunta incómoda: ¿Es viable una denuncia ante la CPI por genocidio laboral?
Llegados a este punto, surge una pregunta que, formulada incluso en términos especulativos, tiene un poderoso efecto deconstructivo: ¿Podrían los directivos de Fedecámaras, específicamente Jorge Roig y Tito López, ser denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) por su papel en la configuración de lo que podría calificarse como un "genocidio laboral"?
La CPI tiene competencia para juzgar crímenes de lesa humanidad, definidos como actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. El Estatuto de Roma, del cual Venezuela es Estado Parte, incluye dentro de estos crímenes la privación grave de la libertad física, la tortura y "otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física" .
El concepto de "genocidio laboral" no está tipificado como tal, pero la destrucción sistemática de los medios de subsistencia de una población, cuando es parte de un patrón de persecución, puede ser interpretada como crimen de lesa humanidad en la modalidad de "persecución contra un grupo con identidad propia fundada en motivos políticos". Si se demuestra que la acción concertada entre el Estado y los líderes empresariales ha buscado deliberadamente eliminar las condiciones materiales de existencia de un sector de la población (los trabajadores formales, los profesionales), privándolos de su patrimonio laboral acumulado, nos acercamos peligrosamente a los márgenes de lo que la comunidad jurídica internacional podría considerar como un crimen de competencia de la Corte.
La viabilidad técnica de una denuncia de este tipo es, por supuesto, compleja. La CPI opera bajo el principio de complementariedad, interviniendo solo cuando los Estados no pueden o no quieren juzgar estos crímenes en sus tribunales nacionales. En Venezuela, el sistema de justicia ha demostrado sistemáticamente su falta de independencia para procesar a actores políticos o económicos poderosos. Además, el crimen de lesa humanidad requiere demostrar que los actos fueron cometidos como parte de un "ataque generalizado o sistemático contra una población civil" y con conocimiento de dicho ataque. Habría que probar que las políticas de desalarización y las propuestas de reforma laboral no son errores de política económica, sino acciones deliberadas para infligir sufrimiento a un grupo poblacional.
Sin embargo, el mero hecho de plantear la pregunta tiene un impacto político y simbólico innegable. Equiparar las acciones de estos líderes gremiales con prácticas que podrían ser objeto de escrutinio por la CPI los sitúa en un plano moral y jurídico distinto. Ya no son "voceros del diálogo social", como se autodenominan en sus comunicaciones con la OIT; pasan a ser potenciales coautores de un diseño perverso que tiene como resultado la aniquilación del patrimonio de millones de familias. La amenaza, aunque remota en lo judicial, opera en el terreno de lo simbólico: coloca a Roig, López y sus acólitos en el banquillo de los acusados de la historia.
5. Frank Borman en el trópico: El empresario colaboracionista y el fantasma de Vichy-Weimar
Para comprender la dimensión histórica y moral de este momento, es útil recurrir a la analogía. En la Alemania de Weimar, gran parte del empresariado alemán, atemorizado por el fantasma del comunismo y seducido por la promesa de estabilidad, optó por colaborar con el n**ismo emergente. Calcularon mal, por supuesto. Creyeron que podrían controlar al monstruo, que su poder económico los blindaría. Terminaron siendo piezas de un engranaje totalitario que los devoró a ellos también, pero no sin antes utilizar su capacidad productiva para engrasar la maquinaria de guerra y el Holocausto.
En la Venezuela actual, el fantasma de Vichy-Weimar se materializa en la figura del empresario colaboracionista que negocia su supervivencia económica a costa de los derechos de los trabajadores. La figura de Frank Borman, el ejecutivo de IBM que prestó su experiencia organizativa al régimen n**i para optimar la identificación y persecución de judíos, encuentra un eco perturbador en estos líderes gremiales que ponen su conocimiento técnico al servicio de un diseño que licua derechos laborales. No se trata de hipérbole; se trata de identificar una estructura de comportamiento: el pragmatismo que sacrifica principios éticos en el altar de la "supervivencia del negocio".
Roig ha defendido públicamente esta estrategia, argumentando que el sector empresarial debe "prevalecer" y mantener abiertas las empresas, a pesar de las críticas que esto pueda generar en sectores opositores. Esta defensa del "diálogo social" con el régimen, mientras se negocia el desmantelamiento de las prestaciones sociales, es la versión criolla de la colaboración. Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras, ha insistido en que la prioridad es "caminar" y actuar en función de las necesidades del país, asegurando bienes y servicios, pero sin desatender los principios democráticos. La contradicción es insostenible: no se pueden defender los principios democráticos mientras se coopera con un régimen autocrático en el diseño de políticas que empobrecen aún más a la población.
El historiador Timothy Snyder ha documentado cómo en la Europa ocupada, la colaboración económica con el ocupante fue tan letal como la colaboración militar. Al proveer de estabilidad y recursos al régimen, los colaboradores permitieron su perpetuación. En Venezuela, al mantener "abiertas las empresas" y negociar reformas laborales con un gobierno que ha sido denunciado ante la CPI por crímenes de lesa humanidad, Fedecámaras no solo traiciona a sus trabajadores; legitima y sostiene al régimen.
6. La gran estafa: PDVSA, industrias básicas y telecomunicaciones en la picota
El verdadero telón de fondo de esta ofensiva laboral no es la "supervivencia de la empresa", sino el inminente proceso de apertura y privatización de los activos más estratégicos del Estado. La reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos, que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera, revirtiendo décadas de estatismo, es la punta de lanza de un proceso mayor .
PDVSA, la industria petrolera nacional, ha sido devastada por años de mala gestión y corrupción. Las reservas internacionales líquidas están agotadas, la deuda externa asfixia las finanzas públicas, y la producción no logra recuperarse. En este contexto, el gobierno de Delcy Rodríguez ha firmado una reforma que promete dar a las empresas privadas el control sobre la producción y la venta de petróleo, permitiendo arbitraje independiente de disputas. La medida, que busca atraer inversionistas extranjeros, ha sido recibida con escepticismo por quienes temen que el proceso carezca de transparencia.
Pero el petróleo es solo el comienzo. Venezuela llegó a acumular alrededor de 900 empresas públicas. Según el economista Gerver Torres, más de la mitad hoy no operan, otras funcionan con baja productividad y muchas sobreviven gracias a subsidios del Estado. El paquete de privatizaciones potenciales incluye las industrias básicas de Guayana (Sidor, Ferrominera, Alcasa, Venalum), el sector de telecomunicaciones (CANTV), la petroquímica, la banca pública, y empresas de alimentos y medicamentos.
Los trabajadores de estas empresas lo saben. En Sidor, los dirigentes gremiales han expresado su preocupación: "Estamos claros que la industria siderúrgica y empresas básicas de Guayana necesitan dinero. Estamos claros y de acuerdo en que se privaticen, pero eso debe llevar a considerar cómo van a quedar los trabajadores" . La Ley de Privatizaciones está vigente, pero los trabajadores exigen ser consultados y que se respeten las contrataciones colectivas. Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, lo ha dicho claramente: "Si viene una privatización, debe ser concertada con todos los trabajadores" .
Sin embargo, el diseño que se perfila es otro. La estrategia de desalarización y reforma laboral previa a la privatización tiene un objetivo claro: reducir el pasivo laboral para hacer más atractivas las empresas a los inversionistas. Se busca entregar activos estratégicos "limpios", sin la "carga" de prestaciones sociales significativas ni convenciones colectivas robustas. Es la misma lógica del "borrón y cuenta nueva": primero se vacían los derechos de los trabajadores, luego se entregan las empresas a precio de ganga a inversionistas privados, muchos de ellos vinculados a los mismos grupos que participaron del saqueo anterior.
7. La muerte de la competitividad como coartada
El argumento de que las prestaciones sociales "matan la competitividad" es un lugar común en el discurso empresarial venezolano. Se nos dice que la rigidez laboral impide que las empresas compitan en los mercados internacionales. La realidad es exactamente la inversa: la verdadera muerte de la competitividad venezolana ha sido causada por décadas de rentismo, corrupción, infraestructura colapsada y falta de inversión en capital humano.
Las empresas básicas de Guayana, que otrora fueron orgullo nacional, hoy son cementerios industriales no por culpa de los trabajadores o sus prestaciones, sino por la incapacidad gerencial del Estado y la corrupción sistémica. En Sidor, los trabajadores denuncian que la situación sigue siendo la misma porque "todavía sigue administrada por estos personeros del gobierno, que lamentablemente no han podido equilibrar o aumentar lo que es la productividad de la empresa”.
La propuesta de reforma laboral es, en este contexto, una cortina de humo. Se busca ocultar la ineficiencia empresarial y estatal detrás del chivo expiatorio de los "derechos laborales excesivos". Es una forma de matar la competitividad (la verdadera, la que se construye con inversión, tecnología y buen gerencia) para justificar el entreguismo y la complicidad. Al transferir el costo de la crisis a los trabajadores, se legitima el despojo y se prepara el terreno para la entrega de activos a precios de liquidación.
8. Conclusiones: Hacia la tipificación de la persecución económica como crimen de lesa humanidad
Luego de este análisis, la conclusión es ineludible: la propuesta de reforma de la LOTTT, liderada por Fedecámaras y sus voceros Jorge Roig y Tito López, en perfecta sintonía con las políticas de desalarización del gobierno, califica como un intento sistemático de conculcación de derechos laborales que, por su magnitud y efectos, podría ser analizado bajo la lupa de los crímenes de lesa humanidad en su modalidad de persecución.
Aclaración conceptual necesaria:
Cuando hablamos de "crímenes de lesa humanidad", el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 7 que estos incluyen actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque. Entre estos actos se encuentra la persecución definida como la "privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad".
Lo que estamos documentando en Venezuela no es un "crimen contra la humanidad económica" —figura inexistente— sino la dimensión económica de la persecución como crimen de lesa humanidad. La destrucción sistemática de los medios de subsistencia, la aniquilación del patrimonio laboral acumulado durante décadas, y el diseño deliberado de políticas públicas y reformas legales para vaciar de contenido los derechos fundamentales de los trabajadores, constituyen formas de persecución que atentan contra la existencia misma de un grupo poblacional identificable: la clase trabajadora formal, los profesionales, los pensionados.
El derecho internacional ha evolucionado para reconocer que la persecución puede manifestarse a través de medios económicos. La privación del derecho al trabajo, la destrucción de la seguridad social, y el despojo sistemático del salario diferido (prestaciones sociales) son mecanismos tan efectivos como la violencia física para eliminar las condiciones de vida de una población. Como ha señalado la jurisprudencia de los tribunales internacionales, la persecución económica busca someter a un grupo mediante la negación de sus medios básicos de supervivencia, forzándolo a la desaparición, la emigración o la sumisión.
Primero, porque se presenta como una medida para mejorar salarios, pero su efecto real sería consolidar la pérdida patrimonial sufrida por los trabajadores en la última década. Al eliminar la garantía del último salario, se blinda jurídicamente el saqueo producido por la desalarización, configurando una privación intencional y grave de derechos fundamentales.
Segundo, porque rompe el principio de progresividad de los derechos laborales consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Ir de un sistema de retroactividad a uno de capitalización estricta implica un retroceso prohibido, que afecta de manera desproporcionada a un grupo específico: los trabajadores que han dedicado su vida productiva al país.
Tercero, porque el argumento de la "inviabilidad económica" encubre lo que en derecho internacional se denomina dolus eventualis: la previsibilidad y aceptación de las consecuencias dañosas de los propios actos. Muchas de las empresas que hoy presionan por esta reforma sobrevivieron a la crisis gracias a la hiperdevaluación de la mano de obra. Ahora que se avecina un proceso de apertura y privatización de activos estratégicos, pretenden no compartir los beneficios con quienes sostuvieron la operación en los años de vacas flacas, completando así el ciclo de despojo.
Cuarto, porque la extensión del plan a PDVSA, las industrias básicas y las telecomunicaciones revela la verdadera agenda: entregar el patrimonio nacional a precio de ganga, libre de "cargas laborales", a los mismos grupos que fueron socios del despilfarro, en lo que constituiría una forma de persecución económica contra la población que construyó y sostuvo esas industrias.
9. Recomendaciones y consideraciones finales
Frente a esta ofensiva, se formulan las siguientes recomendaciones:
1. Documentar la persecución económica para la CPI: Organizaciones de derechos humanos y juristas internacionales deben sistematizar la evidencia sobre cómo las políticas de desalarización y las reformas laborales propuestas constituyen un ataque sistemático contra los derechos fundamentales de los trabajadores venezolanos, configurando el crimen de lesa humanidad de persecución en su dimensión económica. El caso Venezuela ya está en la CPI; es imperativo incorporar esta dimensión económica a la investigación.
2. Exigir transparencia en los procesos de privatización: Cualquier proceso de apertura a la inversión privada en PDVSA, industrias básicas o telecomunicaciones debe realizarse con licitaciones públicas internacionales, supervisión ciudadana y, fundamentalmente, con respeto pleno a las convenciones colectivas y los derechos adquiridos de los trabajadores. La entrega de activos estratégicos no puede hacerse sobre el cadáver aún caliente de los derechos laborales.
3. Rechazar la desmejora y luchar por la salarización de los bonos: La verdadera solución no es reformar la ley para quitar derechos, sino incorporar los bonos recurrentes al salario normal. Solo así el ingreso integral que hoy recibe el trabajador tributaría a sus prestaciones y utilidades, devolviéndole al salario su función constitucional de retribuir justamente el trabajo.
4. Señalar y denunciar a los colaboracionistas: La figura del empresario que negocia derechos laborales a cambio de migajas de estabilidad debe ser denunciada pública y permanentemente. Roig, López y sus acólitos deben ser señalados como lo que son: colaboradores en un diseño de persecución económica contra sus propios trabajadores, cómplices necesarios de un régimen que ha hecho de la destrucción del patrimonio popular su programa de gobierno.
5. Construir alianzas internacionales: La diáspora venezolana, los sindicatos internacionales y las organizaciones de derechos humanos deben ser convocadas a una campaña global de denuncia contra este nuevo intento de conculcación de derechos, articulando la lucha laboral con la defensa de los derechos humanos en su dimensión más amplia.
En definitiva, el debate sobre las prestaciones sociales no es un debate técnico sobre métodos de cálculo; es un debate político y jurídico sobre la vigencia de los derechos humanos en Venezuela. Si se permite extinguir la antigüedad y librar al empresario de su responsabilidad, se habrá consumado la estafa histórica al trabajador venezolano, aquel que, con su esfuerzo, construyó la riqueza de la cual hoy unos pocos pretenden apropiarse sin contrapartida. La antigüedad no es un costo; es una deuda sagrada. Y las deudas sagradas no se reforman: se pagan. El borrón y cuenta nueva que proponen no es más que la licencia para seguir saqueando, esta vez con la complacencia de quienes deberían defender el interés nacional y con la agravante de hacerlo bajo el manto de una "reforma técnica" que encubre la más brutal de las persecuciones: la que mata de hambre y desposesión.
Referencias
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2020). Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/A_HRC_45_33_SP.pdf
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. (1998). Fiscalía contra Furundžija (Caso IT-95-17/1-T). Sentencia de 10 de diciembre de 1998.
BBC News Mundo. (2025). Venezuela: 4 factores que marcan el regreso del país a la "emergencia económica". https://www.bbc.com/mundo/articles/cly189r1l9yo
Bitácora Económica. (2026). Trabajadores de Guayana esperan ser incluidos en discusiones sobre posible privatización de las empresas básicas. https://bitacoraeconomica.com/trabajadores-esperan-ser-incluidos-en-discusiones-sobre-posible-privatizacion-de-empresas-basicas/
Cepaz. (s.f.). Corte Penal Internacional: caso Venezuela. https://cepaz.org/corte-penal-internacional-caso-venezuela/
Comunicación Continua. (2026). Privatización una medida en la transición. https://comunicacioncontinua.com/privatizacion-una-medida-en-la-transicion/
Fedecámaras. (2022). Fedecámaras, 24 de octubre de 2022. https://fedecamaras.org.ve/fedecamaras-24-de-octubre-de-2022/
Fundación Arcadia. (s.f.). El chavismo dejó 900 empresas públicas quebradas que viven de subsidios. https://arcadiafoundation.org/el-chavismo-dejo-900-empresas-publicas-quebradas-que-viven-de-subsidios/
Infobae. (2024). Supervivencia económica y crisis política: el desafío del empresariado venezolano. https://www.infobae.com/venezuela/2024/12/21/supervivencia-economica-y-crisis-politica-el-desafio-del-empresariado-venezolano/
Nueva Sociedad. (2018). ¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana? https://nuso.org/articulo/como-explicar-la-catastrofe-economica-venezolana/
Telemundo. (s.f.). Delcy Rodríguez firma reforma para incentivar la inversión privada y extranjera en la industria petrolera de Venezuela. https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/internacional/venezuela-aprueba-reducir-papel-estado-industria-petrolera-eeuu-rcna256582
La medida revierte uno de los principios fundamentales del régimen chavista que ha gobernado el país durante más de dos décadas, y tiene lugar a menos de un mes de la captura de Nicolás Maduro.
